ACONTECIMIENTOS DURANTE Y DESPUES DE LA REVOLUCION MEXICANA

REVOLUCION MEXICANA

La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente autócrata Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque en principio era una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil; suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México.

Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876 el general oaxaqueño Porfirio Díaz encabezó el ejercicio del poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 34 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el Porfiriato.

Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz.

Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado tuvo lugar en primera instancia al norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez (Chihuahua), Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia.

En 1911 se realizaron nuevas elecciones donde resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios, que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913 un movimiento contrarrevolucionario, encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, dio un golpe de Estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Tras poco más de un año de lucha, y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país.

A partir de ese suceso se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la Revolución de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la Convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923, y Obregón en 1928.

Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en el año de 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana, algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta o 1924 con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay algunas que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 1940

EL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO

En el México posrevolucionario, el Estado, al convertirse en rector de la economía, buscó dinamizar y diversificar la estructura productiva con el objetivo de crear las bases para que ocurriera el crecimiento. Sin embargo, la inversión en la industria encontró una población con baja escolaridad, un sistema de educación técnica a nivel artesanal y un sistema profesional con oferta escasa y centrado en profesiones liberales, que en el campo de la ingeniería se dirigía a la formación de agrónomos. El acelerado desarrollo de la técnica, los descubrimientos en el campo de la ciencia, así como el auge que las nociones de articulación entre la ciencia y el Estado tuvieron en los países avanzados condujo a los primeros intentos de una política orientada a impulsar el desarrollo científico por medio del mejoramiento de las condiciones de infraestructura y de formación de recursos humanos para la investigación. El sistema de igualdad de oportunidades económicas y sociales del nuevo orden dio lugar a la creación de Escuelas Primarias Industriales de Artes y Oficios, y en 1916 a la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas y a la Escuela Nacional de Química Industrial.

A partir de 1921, el ritmo de las actividades económicas se recuperó y aparecieron nuevas actividades industriales dándose un crecimiento de la ocupación en la manufactura y los servicios y la apertura incondicional a la inversión extranjera. Se crearon también importantes instituciones que configuraron el marco económico, entre ellas el Banco de México en 1925. El impulso que se pretendió dar a la economía tuvo una orientación, caracterizada por un nuevo proceso de tecnificación, hacia los primeros intentos organizativos de la educación técnica, unificando, en 1923, este tipo de enseñanza al instituirse el Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial en la SEP, del que dependían la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, la Escuela Técnica de Maestros Constructores y la Escuela de Industrias Textiles e Institutos Técnicos Industriales. Se expandió también el sistema de educación técnica a nivel medio en toda la república, surgiendo el Sistema de Escuela Vocacional Industrial y creándose la Preparatoria Técnica como antecedente para las escuelas de altos estudios: Escuela Superior en Mecánica y Eléctrica, Escuela Superior en Construcción y Escuela Superior de Comercio y Administración. El impulso nacionalista del gobierno de Obregón dio lugar también a la fundación de la Universidad Popular, la Universidad Obrera y la Universidad Nacional del Sureste (posteriormente Universidad de Yucatán), y en 1925 a la Universidad de Guadalajara, mientras la educación agrícola se consolidó con la fundación de nuevas escuelas y el traslado de la Escuela Nacional de Agricultura a las actuales instalaciones en Chapingo, Estado de México. Sin embargo, en 1930, la oportunidad de acceder a la educación superior estaba al alcance del 1% de la población en edad de recibirla. Adicionalmente, se creó la Sociedad Científica Antonio Alzate con el objetivo de fomentar la actividad científica; en dicho esfuerzo fue determinante la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921.

Como parte del interés en el periodo posrevolucionario por dinamizar y diversificar la estructura productiva, la educación técnica aceleró su crecimiento y se consolidó. La escuela se constituyó en el espacio privilegiado de la formación profesional. Hasta 1929 se introdujeron numerosas innovaciones pedagógicas, administrativas y técnicas que trataron de vincular la educación con la realidad socioeconómica para transformarla. Sin embargo, el desarrollo del sistema educativo no se articuló con el sector industrial, porque tanto las industrias extractivas como las de transformación eran controladas por extranjeros. Si bien el crecimiento de la economía se vio afectado por la inestabilidad política y la crisis económica de 1929 también se propició un periodo en el desarrollo industrial fortalecido por la intervención estatal. La disminución de las importaciones hicieron posible construir un aparato industrial nacional que produjo para el mercado interno.

En la medida en que el gobierno enfatizó la necesidad de una economía auto sustentada y con bajos niveles de interacción con el exterior, la ciencia y la técnica emergieron como factor esencial para el funcionamiento del Estado. Pacheco  señala que "los intentos del Estado por gestar la política científica tendieron a impulsar el desarrollo científico a través del mejoramiento de las condiciones de infraestructura y de formación de recursos humanos para el fomento de la actividad de investigación". Así, se acentuó el fomento de la investigación científica para el desarrollo económico e industrial, convirtiendo la experimentación y la investigación en prioridades presupuestales, mientras la reforma educativa puso énfasis en una acción sin precedente: la enseñanza técnica, que tuvo modificaciones sustanciales como la organización sistemática, que incluyó centros educativos para maestros técnicos e institutos para la capacitación de trabajadores; la orientación, que buscó capacitar al hombre para una eficiente producción material; el manejo racional de los recursos a su disposición, y la transformación del medio físico conforme a sus necesidades. El distanciamiento de la universidad del proyecto estatal explicaba parcialmente dicha atención a la enseñanza técnica que coincidía con los valores de la Revolución Mexicana y la creación de una conciencia nacional.

Para 1932 se identificaban tres grupos de escuelas técnicas dentro del sistema educativo federal: las destinadas a la enseñanza de formación artesanal, las de formación de obreros calificados y las escuelas de enseñanza técnica superior  reorganizadas en el Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial, con el fin de abastecer la exigencia de la producción. Las reformas introducidas en la enseñanza media en 1932 partieron de la diferenciación entre la educación técnica y la enseñanza de carácter universitario, la primera orientada a formar hombres de especialidad concreta y definida, la segunda para formar hombres de pensamiento general.

El cambio más significativo en el papel de la educación se dio a partir de la década de los años treinta, con la institucionalización de la educación socialista durante el gobierno de Lázaro Cárdenas: la educación pasó de ser un objetivo social a ser un instrumento político. Como resultado, la educación técnica aceleró su crecimiento como una respuesta económica, "con el fin de formar cuadros técnicos y profesionales, impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, ampliar el marco de las oportunidades educativas y reducir la dependencia económica del extranjero" .

Esta dirección de la atención educativa agudizó la confrontación entre dos tipos de formación profesional: universitario, de orden humanístico, y tecnológico, de orden científico. La respuesta por parte del Estado fue la creación del Instituto Politécnico Nacional Su intención académica se resumió en la orientación profesional técnica en carreras subprofesionales o profesionales y la sustitución, como elección profesional, de carreras liberales por tecnológicas; la intención económica se resumió en la finalidad de preparación de la fuerza de trabajo para vincularse con las necesidades del desarrollo nacional para una economía independiente. A la creación del IPN, la reacción por parte de las fuerzas conservadoras no se hizo esperar y éstas crearon importantes instituciones privadas de enseñanza superior como la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

La creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) propició la incorporación de las escuelas técnicas dependientes de la Secretaría de Educación Pública; tal hecho puede verse como el origen del Sistema Nacional de Educación Técnica, antecedente directo del Subsistema de Educación Tecnológica. También mostró la fuerte intervención del Estado, el cual buscaba la formación de cuadros que posibilitaran el desarrollo industrial y de servicios. En ese contexto se atribuyó a la educación tecnológica la responsabilidad de formar los recursos humanos en apoyo al desarrollo del aparato productivo nacional, convirtiéndola en eje de la política modernizadora para el desarrollo y agente del cambio social, características que la definirían hasta el último tercio de los años setenta.

Con la educación socialista se dio un impulso sin precedente a la enseñanza rural, pero sobre todo se mantuvo una promoción sostenida de la enseñanza técnica que formaría al obrero calificado y al ingeniero mexicano, que renovaría la tecnología necesaria para el país: "Nace de una concepción pragmática de la educación para la industria, con una utilidad inmediata y clara" que en 1948, partiendo de una iniciativa del IPN, dio lugar a la creación de los institutos tecnológicos regionales.

El discurso gubernamental también hizo explícita la importancia de que fuera el Estado el encargado de organizar, mantener y estimular la investigación científica, lo que dio origen en 1936 a la creación del Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica (CONESIC), quien se encargó de coordinar y organizar la educación superior en estrecha relación con la actividad científica, sirviendo de base al desarrollo socioeconómico. Esta intervención se vio fuertemente limitada tanto por la insuficiencia de una infraestructura educativa como por el reducido apoyo y desinterés por parte de los diversos sectores sociales del país.

La orientación socioeconómica del cardenismo (1934-1940), se tradujo en la intensificación de la reforma agraria, el apoyo a la organización y la lucha obrera, la creación de una conjunto de empresas estatales, el desarrollo de las comunicaciones, la reorganización del sistema financiero, la utilización de la política fiscal con fines de manejo económico, el fortalecimiento del Estado y una política exterior independiente. Esta política nacionalista propició el desarrollo de la infraestructura económica del país al crear la Comisión Federal de Electricidad, Altos Hornos de México, la expropiación de las compañías petroleras en manos extranjeras y la nacionalización de los ferrocarriles, así como la ejecución de programas destinados a diversificar la producción y el comercio exterior. En general, se establecieron las condiciones para el despegue industrial y se crearon las instituciones económicas, políticas y sociales de la modernización. El modelo que se buscó impulsar fue el de una economía planificada centralmente, como en ese momento también se llevaba a cabo en los países socialistas. El rasgo característico de ese periodo fue la preeminencia, en el discurso político, de la ciencia y la técnica como elementos esenciales para los cambios estructurales de la economía nacional, y la capacidad del Estado para dar congruencia y unificar variados esfuerzos dando coherencia y unidad, a lo que posteriormente llegaría a ser el subsistema de educación tecnológica.

Debido a las características del modelo económico, el Estado se convirtió en la mayor fuente laboral para los ingenieros. El aumento considerable de la inversión doméstica mediante una política de fomento a la industria, que incluyó desde los estímulos al financiamiento por medio de NAFINSA, hasta el establecimiento de las primeras plantas de la industria automotriz en 1936 (General Motors) y 1939 (Chrysler) tuvieron un profundo impacto en las estrategias implementadas para la formación de ingenieros: la educación técnica experimentó una progresiva adaptación a las necesidades económicas y sociales, y estrechó los vínculos con el sector productivo, particularmente en la industria de energéticos, con la modernización de la industria azucarera y la nacionalización de los ferrocarriles. La formación profesional tecnológica se relacionó directamente con las necesidades del sector productivo; existió un mercado profesional que creció, ampliándose el campo de la práctica profesional de los ingenieros, particularmente con la ausencia de tecnología extranjera después de la nacionalización de la industria petrolera.

EL PROYECTO MODERNIZADOR Y LOS REZAGOS SOCIALES

Vivimos actualmente la transición a una nueva realidad económica, política y social. El programa de gobierno del Presidente de la República lo ha establecido como propósito claro, definido e irreversible.

Las formas y la orientación que se le dan a la economía y los mecanismos utilizados para ello surgieron de entre una gama muy diversa de posturas ideológicas y teorías económicas existentes.

De entre ellas se impuso y consolida la concepción del mercado y la actividad empresarial como eje de definición de la estructura y los procesos económicos y cuya contraparte es el retiro del Estado de las actividades productivas como condición de apertura de espacios a la iniciativa privada, y parte esencial del marco conceptual, que plantea la existencia de un Estado diferente. Las bases del proyecto de nación anterior, eran obviamente, diferentes. Partían del hecho de que la concurrencia libre de las fuerzas del mercado en la economía no aseguraban la adecuada y racional asignación de los recursos de acuerdo a las necesidades básicas de la propia economía; y producían una anarquía tal que propiciaba distorsiones en el desarrollo económico del país y mal funcionamiento; mientras que su propia dinámica posibilitaba la concentración de la riqueza y el ingreso nacional en unas cuantas manos en tanto que generaba pobreza y miseria en las grandes mayorías de la población, las cuales se veían, de esta forma apartadas de los beneficios del desarrollo económico. Surge, así, la necesidad de la intervención del Estado en la economía para regular la asignación de recursos, evitar la anarquía del mercado y propiciar que la propia dinámica de este esquema incorporara a las mayorías de la población a los beneficios de la producción de riqueza, no sólo a través de políticas redistributivas del ingreso, sino principalmente mediante la creciente participación de esta población en los procesos económicos.

El hecho de que estos objetivos se hayan cumplido sólo en parte o de plano no se hayan alcanzado, fue consecuencia de la orientación que se le dio al Estado como promotor no del desarrollo económico, sino del crecimiento económico. Por ello es que resultaba ya necesario redefinir la orientación del Estado y replantear sus objetivos, en base a una visión revolucionaria, lo cual exigía, devolverle su carácter de promotor del desarrollo económico y la justicia social que creara las condiciones necesarias para la integración justa y equilibrada de los más necesitados a la actividad económica y con ello lograr destruir los rezagos económicos y sociales.

Sin embargo, la redefinición se ha planteado en sentido inverso y al volver a la prevalecencia y dominio total de la “economía del mercado” nos llevará a vivir las consecuencias que un modelo de este tipo conlleva y que ya fueron explicadas anteriormente.

Consciente quizá de que este nuevo patrón de acumulación, no creará las condiciones necesarias para erradicar los rezagos sociales, por ser exclusivista y excluyente, o quizá porque aunque creyendo que sí lo hará, es necesario atacar a fondo y de inmediato la pobreza extrema de cientos de niveles de mexicanos, el Presidente de la República ha creado, impulsado y puesto en práctica el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) al que, incluso, el próximo año, se le duplicarán los recursos para su operación.

Sin embargo es notorio que el PRONASOL, es un programa paralelo al proyecto de modernización y no una parte integrante y articulada del mismo, de otra forma, sus acciones estarían ligadas coherentemente y convergerían a la consecución de un objetivo común. Sin embargo no sólo están ligados, sino que además son divergentes, en tanto que mientras el proyecto global de modernización crea y creará más pobreza, el PRONASOL, trata y tratará de erradicarla pero casi en un plan de dar limosna pues no existen acciones concretas en el programa de gobierno para detener el avance de la pobreza, pues él, en sí mismo la produce y regenera.

Así, resulta claro entender por qué Carlos Tello, Presidente del Consejo Consultivo del PRONASOL, afirmó que hay un claro divorcio entre la política general de gobierno y los programas sociales, pues la primera con todo y su racionalidad y eficiencia excluye a las grandes mayorías de la dinámica económica, y de sus beneficios, ya que no incluye el establecimiento de las bases para que estas construyan su propio futuro, lo que evitaría en el largo plazo no más programas sociales paralelos.

Pues generalmente la subsidiariedad del Estado nace de la necesidad de cubrir las necesidades y carencias de las masas empobrecidas a través de subsidios y transferencias de recursos. Masas empobrecidas que son producto de la dinámica del proyecto exclusivista y excluyente. Así pues, para acabar con el paternalismo, tutelaje y subsidiariedad hay que dejar de producir pobres, es decir establecer un proyecto de desarrollo que evite y cancele las desigualdades económicas y sociales. De otra forma se crea un círculo vicioso imposible de desarticular.

El bienestar social de la población no puede ni debe depender de la bondad del gobierno o de la buena voluntad del Presidente o Gobernador. Es un derecho consagrado en la Constitución, que fue ganada a fuerza de sangre, dolor y llanto de los cientos de miles de mexicanos que murieron con la esperanza, con el deseo de una vida mejor.

Como principio revolucionario, y derecho constitucional el bienestar social es por tanto una obligación del Estado, un compromiso para con la sociedad, no sólo ético y humano sino primordialmente legal, y por tanto debe ser el objetivo primordial de la política económica del gobierno, y no una meta más de uno de los tantos programas sociales del gobierno. No ser una concesión que se da cuando se pueda sino la razón misma de la existencia del Estado.